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Judiciales

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Foto: (Pasa En Santa Cruz)

El sujeto que la semana pasada, en la Cámara Oral, estuvo como imputado en una causa por un hecho de violencia de  género, ocurrido en el año 2016 fue sentenciado a un año y seis meses de prisión, con la salvedad que se le practicarán los informes pertinentes a fin de ser un potencial beneficiario de la libertad condicional. La decisión responde a que las lesiones fueron leves y el autor padecería trastornos psiquiátricos de relevancia.

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Cristian Javier Miranda Vargas, un albañil de Río Gallegos, fue condenado ayer por el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia a cuatro años de prisión efectiva por ser considerado coautor responsable del delito de transporte de estupefacientes. La carga que Miranda Vargas esperaba había sido interceptada el 4 de septiembre de 2014 en un camión del Correo Argentino en Comodoro y cuando él la fue a buscar cuatro días después en Santa Cruz, quedó detenido.

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Tres años y seis meses, pidió el fiscal Iván Saldivia para Damián, acusado de intentar prender fuego la casa de su pareja y agredirla físicamente. En el debate el acusado contó su versión de los hechos y manifestó que se defendió porque su pareja lo había atacado.

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Emilio “Negro” Segura –empleado Municipal de Río Gallegos- fue juzgado por los jueces provinciales por el asesinato de José Agüero –oriundo de Punta Arenas- en un hecho ocurrido el 24 de julio del año 2014, en una vivienda de calle José Ingeniero de esta capital. Segura está acusado de robarle a Agüero la suma de $100.000, para ocultar ese hecho y evitar la denuncia de la víctima, lo mató.  El fiscal de juicio solicitó la pena de prisión perpetua.

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Sebastián Alejandro “Taliban” Higuera, fue condenado en un juicio abreviado por los jueces federales de Santa Cruz, a la pena de cuatro años de prisión en cumplimiento efectivo. Higuera fue detenido el 1 de febrero del año 2016, cuando desenterraba más de cinco kilos de marihuana en el sector de la ribera del río Jeinimeni, de la localidad de Los Antiguos. La causa se inicio el 16 de octubre del año 2015, tras la denuncia de un consumidor.

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El comisario general (R) José Luis Cortes –jefe de la Policía de Santa Cruz- fue procesado después de haber apelado el procesamiento de la Justicia Federal. Se lo imputó por ser considerado “prima facie” autor penalmente responsable del delito de incumplimiento a los deberes de funcionario público, art 249 CP.  La causa se inicio el 31 de marzo del año 2016.

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Valeria, madre de una menor víctima de abuso en manos de su propio padre, tenía la esperanza de que su ex pareja –un ex Policía de la Provincia- fuera condenado a la pena máxima por los jueces de la Cámara Oral de Río Gallegos, pero no fue así. A pesar que el fiscal de juicio, Ivan Saldivia había solicitado la pena de ocho años de prisión, la Cámara Oral de la Primera Circunscripción falló y condenó al ex Policía a la pena de seis años de prisión por el delito de: “Abuso sexual agravado por el vínculo y la convivencia”.