El fallo “Natividad Frías” dificultaría la resolución procesal de la joven que abortó

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El expediente que se inicio la semana pasada, en el Juzgado de Instrucción Nº 2 de Río Gallegos, por un caso de abortó no prosperaría al no existir denunciantes ni participes, ya que existe un precedente que impide que los médicos que recibieron a la joven puedan declarar en su contra. Además se estima que la víctima se provocó el aborto por sus propios medios, sin la asistencia de un tercero.

Fuentes judiciales indicaron a Pasa En Santa Cruz que la instrucción de la causa por un aborto que se practicó una joven en su hogar y que posteriormente debió acudir al hospital de Río Gallegos para su atención médica, quizás cuente con algunas dificultades para su avance, toda vez que la noticia criminis, es decir la primera información del supuesto delito, fue a través de los médicos que la atendieron.

La dificultad se genera en un precedente de 1966, “…El fallo conocido como “Natividad Frías”, indicaba que en el caso de una mujer que llega a un hospital a atenderse con complicaciones graves posaborto, el médico no debe denunciarla, aunque el caso debe ser investigado para que la Justicia pueda dar con quien lo provocó. Y si éste fuera autoprovocado, entonces el médico interviniente deberá guardar el secreto”.

Cabe recordar que en esa madrugada del lunes 04 de Noviembre la joven ingresó al Hospital Benigno Carro, con el cordón umbilical expuesto, y los profesionales médicos optaron por practicarle una cesárea de emergencia a fin de extraer el feto que aún permanecía en su vientre.

Rápidamente, los médicos de la guardia alertaron a la Policía, al percatarse de las maniobras abortivas, pero la justicia como se indicó anteriormente, no puede tomar el testimonio de los galenos, porque de lo contrario estaría forzando a la mujer, a no recibir atención médica para evitar denuncias.  De esta forma, el fallo “Natividad Frías” tiene por objeto salvaguardar el derecho de toda persona de no autoincriminarse (al revelar, para que su vida pudiera ser salvada, el origen de la dolencia grave) y, al tiempo, no violar el secreto médico (el conocimiento de que la dolencia era producto de una conducta punible), de forma tal de que, al no denunciar, el galeno no violaría en estos casos el presupuesto del artículo 156 del Código Penal.

La jurisprudencia argentina siempre hace prevalecer la integridad física de las personas, en este caso en particular, el de la madre, pero también se aplica en otras situaciones como las denominadas  “mulas”, es decir aquellas personas que transportan cápsulas de estupefacientes en su abdomen, al descompensarse o desvanecerse, los médicos que los asisten, tampoco pueden declarar.

En este caso en particular, ocurrido en esta capital, fuentes judiciales indicaron a Pasa En Santa Cruz que no hay un denunciante, pero tampoco hay un partícipe, como en casos de mayor antigüedad en donde interviene un tercero para practicar este tipo de prácticas abortivas. En esta oportunidad, la joven podría haberlo hecho sola, ya que según la opinión de los médicos es frecuente este tipo de maniobras, pero lo que no resultó habitual fue el avanzado estado del embarazo.

La jurisprudencia indica, que “No corresponde instruir sumario criminal en contra de una mujer que haya causado su propio aborto, o con sentido que otro se lo causare, sobre la base de la –noticia criminis- o denuncia expresa o implícita por un profesional del arte de curar, que haya conocido el hecho, en ejercicio de su profesión o empleo, sea o no oficial, incluido el caso que se toma conocimiento de una historia clínica a la que no podía haber accedido, sin intervención de algunas de las personas que revestían la calidad a la que se refiere el artículo anterior, debiendo anularse los efectos jurídicos de las piezas procesales que impliquen la vinculación de la imputada al proceso, pero no al proceso mismo, con respecto a las personas mencionadas en los artículos 85 y 87, que pueden ser los otros partícipes del hecho”.

Pero, además el “fallo de Natividad Frías, en plena vigencia de la garantía constitucional, no depende ni puede ser alterada por un fallo judicial, obviamente susceptible de ser modificado”.  Una vez que el fiscal corra vista en el expediente, se determinará si se declara la nulidad o no en este caso.